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Información no deseada en el BOE

Multas, embargos, sanciones administrativas… se trata de centenares de anuncios oficiales que aparecen publicados a diario en todo tipo de gacetas municipales (en el caso de ayuntamientos), diarios oficiales o publicaciones como el BOE (Boletín Oficial del Estado) y que ya se han convertido en la peor pesadilla para muchas empresas y ciudadanos preocupados por la imagen que de ellos se desprende en motores de búsqueda como Google.

Es frecuente que los diarios oficiales sean reticentes a borrar informaciones de manera que se acaban convirtiendo en un estigma para el ciudadano que las padece. Al fenómeno, se le añade el hecho de que a menudo estas publicaciones no publican otro anuncio oficial que muestre que el ciudadano ya ha pagado la sanción, de manera que únicamente queda rastro de la información negativa que es expuesta e indexada en Google, el mayor escaparate del mundo ante ojos de curiosos, familiares y compañeros de trabajo.

Los efectos de un contenido perjudicial pueden llegar a ser muy letales (afirma Francisco Canals) falta de credibilidad, perdida de reputación pero sobretodo graves problemas para encontrar un nuevo empleo y es que la pena de Google no está contemplada en el Código Penal, algo que deberían entender los responsables de entidades públicas de nuestro país. Google persigue transnacionalmente a muchos ciudadanos que desean cambiar de país pero no tienen derecho al olvido, argumenta Canals. A modo de ejemplo menciona el caso de un cliente español que al perder su empleo y no poder hacer frente al pago de la hipoteca decidió mudarse a Alemania donde existen más oportunidades de empleo.

En ese país siguió sin encontrar empleo ya que los resultados en los motores de búsqueda arrojaban un contenido en boe.es que indicaba la existencia de una deuda pendiente. Francisco Canals desarrolla labores de intermediación ante organismos, ayuntamientos e instituciones para negociar la desindexación o invisibilización de los contenidos perjudiciales. No todos los casos tienen solución (afirma Canals) para ello debemos analizar la situación actual de la persona que sufre el contenido, su situación legal, la existencia o no de un proceso judicial pendiente, etc… Acto seguido dependemos, en buena parte, de la cultura de las personas que gestionen el sitio web, en algunos casos existen instituciones que acceden a desindexar el contenido, en otros casos la petición cae en un saco roto donde el silencio administrativo responde a un “no diplomático” en cualquier caso el porcentaje de éxito suele ser de un 50%