17 de nov de 2017 / 12h
Apps para ahuyentar a potenciales violadores; programas para detectar cuando móviles de víctimas y agresores se aproximan en el mapa y videos grabados con el terminal a modo de trofeo se convierten en pieza clave de distintos procesos como el de la Manada
Era la madrugada del 7 de julio de 2016 cuando cinco jóvenes presuntamente agredieron a M. (madrileña de 20 años). Sin testigos presenciales que avalen lo sucedido los 96 segundos grabados con los móviles de los acusados se han convertido en el epicentro del juicio a la Manada. Su registro puede condenar a los acusados a más de 20 años de cárcel y convertirse en un antes y un después de una mala práctica en auge: whatsapp y el terminal móvil como presuntas extremidades de la actividad delictiva.
Las agresiones sexuales grabadas con el móvil son cada vez más frecuentes: en el municipio de Rosas (Gerona) dos jóvenes fueron detenidos por presuntamente violar a una joven de 16 años. S.R. y A.T. Grabaron la escena con su terminal, hecho que permitió imputarlos. En Málaga (2014) una joven de 20 años fue violada por dos menores de edad y tres adultos; uno de ellos se encargaba de grabar la escena mientras el resto consumaba la agresión. Tampoco faltan casos en los que el teléfono se convierte en una herramienta para repeler al violador: en Murcia una mujer grabó a un hombre que pretendía agredirla en la calle; la amenaza de la publicación de su imagen ahuyentó al agresor.
El acercamiento entre delito sexual y telefonía móvil no es casual; víctimas de distinta condición han visto en este aparato una útil herramienta para repeler a agresores. En la actualidad existen apps que permiten generar alertas cuando dos números de móvil se acercan en el mapa para de esta manera “mantener a raya” a agresores con órdenes de alejamiento. La geolocalización y triangulación de la posición de móviles de delincuentes sexuales permite monitorizarlos para (en caso de un delito) determinar si estuvieron o no en el lugar de los hechos o si siguieron un recorrido extraño como maniobra previa para seguir a la víctima elegida.
El Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra se han personado como acusación particular en el juicio a La Manada en un proceso en el que la fiscalía pide 22 años de prisión. No siempre es fácil determinar si un acto sexual fue o no consentido; Internet tiene un gran poder distorsionador y en el caso de la Manada el vídeo no parece ser determinante. Se cuestiona si hubo o no consentimiento y si el poco más de minuto y medio de registro es representativo de los 15 minutos durante los cuales se reprodujeron los fatales acontecimientos.
