En España ya existen 4.500.000 de ciudadanos con una cuenta en Twitter, 1 de cada 10 publica algun tipo de ofensa, crítica negativa o contenido perjudicial hacia nombres o marcas relevantes afirma Identidad Legítima, entidad especializada en la lucha contra tuits ofensivos y delitos contra el honor en Internet
El auge de la red de los 146 caracteres ha irrumpido con fuerza en España cambiando por entero a profesiones como el periodismo o la política. Twitter ya es “una extremidad más” en la Sociedad de la Información cuyo auge ha dado pie a la existencia de todo tipo de ataques reputacionales: abusos y expresiones ofensivas; difusión de insultos a cargos públicos y ataques dialécticos contra políticos y caras conocidas de la televisión. En el escenario policial ya proliferan las detenciones por la publicación de amenazas de muerte, aquellos que promueven la apología del terrorismo o la alegría por la reciente muerte del Fiscal Maza entre muchos otros.
Pero ¿cómo actuar ante un abuso en esta red social? ¿Cómo se retira un tuit ofensivo o investiga la titularidad de una cuenta? En España han aparecido empresas especializadas en la lucha contra posts y tuits descalabrantes, su función es intermediar con los autores o las plataformas que alojan los contenidos perjudiciales para lograr la eliminación y reparación de resultados. La creación de daño algorítmico; la oficialización de las informaciones o la investigación online son algunas de las técnicas que utilizan estas empresas cada vez más solicitadas por ciudadanos cuya exposición pública les convierte en blanco fácil de críticas.
La presión contra Twitter ha empujado a esta red a anunciar un aumento de medidas contra mensajes ofensivos que puedan dañar la reputación de los usuarios. Banear las IP’s; bloquear cuentas, amonestar a los usuarios o lograr el apoyo colaborativo de su red para detectar mensajes hirientes y evitar que “salpiquen” a la marca mundial del pájaro azul son algunas de las propuestas. Durante el último año la Guardia Civil impulsó la operación Araña, mediante la cual 20 personas fueron detenidas por enaltecer el terrorismo en la red a través de tuits.
En nuestro país la Libertad de Expresión está definida en el artículo 20 de la Constitución afirma Francisco Canals, periodista especializado en sucesos y ciberdelitos. El fenómeno de la reputación digital ha dado pie a todo un nuevo argot de términos antes desconocidos: los flames (discusiones acaloradas en Internet); los escraches digitales o los punishers son arquetipos de usuarios y malas prácticas cuya judicialización desemboca en polémica y un intenso debate social.
